Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La comisión permanente de Administración de Justicia en el Congreso de Oaxaca, inició el proceso de investigación y sanción contra una juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJO) que ordenó un cateo con uso de las fuerza pública para sustraer a una menor de edad, en un aparente juicio de guardia y custodia, donde se cometió un ataque de violencia vicaria.
La presidenta de la Comisión legislativa Liz Arroyo, acusó que la acción instruida por la juez quinto de lo civil, María Eugenio López Morales, no fue un acto legal, sino un abuso de autoridad, donde se violentaron además derechos humanos.
El pasado 1 de diciembre en la ciudad de Oaxaca, agentes estatales de investigación entraron a la vivienda de una mujer para llevarse a su hija de 6 años de edad.
Lo hicieron con violencia, portando armas de fuego de alto calibre que fueron utilizadas incluso para encañonar a un niño que trato de grabar la incursión policial con su celular.
Pero la imagen de la actuación de la policía en el sitio logró ser difundida en redes sociales donde se volvió viral.
La víctima, la madre de la menor de edad, Ericka apenas tiene 24 años quien recrimino que a pesar de los alegatos, la juez que tiene en su poder el juicio de guarda y custodia, le dio la razón a su pareja sentimental, quien la ha agredido, violentado y hasta ha secuestrado a su propia hija en ocasiones anteriores.
Además, es un sujeto que tiene una cuestionable forma de vida y tiene abandonada en su domicilio a la menor que sustrajo por la fuerza.
Ante el hecho la Ericka demandó a las autoridades estatales y federales investigar y revisar la actuación de la jueza que le otorgó la guardia y custodia a su ex pareja, anunciando que buscará agotar todas las instancias legales a su alcance para recuperar a su hija.
A finales de noviembre activistas del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria protestaron frente a los juzgados familiares para exigir la destitución de 8 jueces, entre ellos el quinto del juzgado familiar, que han cometido ataque de violencia vicaria contra las mujeres.
El reclamo llegó a la Cámara de Diputado donde el pleno legislativo acordó por mayoría iniciar el procedimiento de investigación contra la juez que ordenó el operativo bajo el cual se quitó por la fuerza la guardia y custodia de su hija a la joven Ericka.
Hay más jueces en la mira
La presidenta de la Comisión Permanente de Administración de Justicia en la Cámara de Diputados Liz Arroyo, anunció que, en la mira por cometer violencia Vicaria institucional hay más de 8 jueces, contra quien hay quejas por agravios cometidos en contra de mujeres y ello lo han expuesto los diversos colectivos feministas.
La legisladora afirmó que en la ley ya está reconocido el delito de violencia vicaria y anunció que en breve será presentada una reforma al Código Penal para sancionarlo, para que se tipifique la penalidad.
Adelantó que, en la propuesta de ley, se contempla una sanción de 4 a 8 años de cárcel sin derecho a fianza.