Gobierno podría incurrir en desacato judicial al negarse a cumplir con arraigo de Vera Carrizal

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El gobierno de Oaxaca incurrirá en desacato judicial si se niega a cumplir con el arraigo domiciliario dictado por un juez, a favor del principal imputado en el ataque de ácido a la saxofonista María Elena Ríos.

La abogada Maribel Pérez Santaella, defensa del imputado el exdiputado y empresario gasolinero Juan Antonio Vera Carrizal, informó que un juez federal concedió una suspensión provisional de amparo para que el gobernador Salomón Jara cumpla con la prisión domiciliaria a favor del acusado.

Detalló que con la resolución hay un plazo de 24 horas para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca (SSPCO), cumpla con la resolución del juez penal y brinde un informe al respecto.

Si continúa el rechazo a cumplir con el mandamiento judicial, la defensa dará vista a un agente del ministerio público de la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie la carpeta de investigación respectiva y se sancione el desacato judicial.

En tanto Juan Vera Carrizal quien enfrenta un juicio por intento de homicidio, no ha podido salir del penal varonil de Tanivet, debido a que la SSPCO se negó a trasladarlo a su domicilio, dada la orden del gobernador Salomón Jara Cruz, quien argumentó que no cuenta con los policías suficientes para resguardo el domicilio del ex legislador, además de que el lugar donde permanecerá no reúne las mínimas condiciones de seguridad para cumplir la orden del juez.

Por otro lado, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Eduardo Pinacho Sánchez, rechazó que el ex diputado del PRI y PVEM este absuelto, ni tampoco goza de impunidad, porque aún el juicio que se sigue en su contra está vigente ya que no se ha emitido aún sentencia condenatoria por el delito cometido.

El magistrado se defendió de las acusaciones que han vertido diversos colectivos, que incluso han solicitado su renuncia, junto con la del juez Teódulo Pacheco, que fue quien dictó el cambio de medida cautelar de prisión preventiva a la de arraigo domiciliario a favor del imputado.

El titular del Poder Judicial, afirmó que el caso no está resuelto, y se habrá de realizar la revisión de la resolución dictada con la apelación del ministerio público y la parte agraviada ante la sala penal, para determinar si lo que se resolvió fue legal o ilegal.

“Lo que quiero dejar claro es que a través de esta resolución, no se absolvió al imputado, no se trata de una sentencia absolutoria, y al propio tiempo la prisión preventiva, se mantiene, en el domicilio que ya fue señalado por el juez, se trata de un arraigo”, espetó.