“El que acusa está obligado a probar”, reza el aforismo. “Excepción hecha cuando la negativa del acusado entraña una afirmación”, según previenen los jurisconsultos.
Vienen a cuento ambos postulados en la coyuntura del “reportaje” que publicó el The New York Times sobre una presunta financiación ilícita a la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.
Si el narco entregó dinero a personajes cercanos al tabasqueño, eso no lo sabemos. Hoy en día, ninguno de los periodistas que lanzaron la acusación ha aportado pruebas contundentes que apuntalen la versión de acuerdo con la cual dinero del narcotráfico habría entrado a los bolsillos del entonces candidato de la coalición “Juntos haremos historia”.
Expresiones como: “personas con conocimiento del caso, quienes no tenían autorización para ofrecer declaraciones” y “personas con conocimiento de la investigación”, que se anotan en el “reportaje” titulado: “EE. UU. indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México”, se han convertido, por desgracia, en recursos muy sobados para calumniar, ab nauseam, desde algo que tiene todo el aspecto de ser un periodismo militante.
Esas versiones solo alimentan la grave polarización que vivimos, nos distraen de los temas verdaderamente importantes y de paso hacen que nos enfoquemos en andar atendiendo cotilleos sin sentido cuando lo urgente es resolver la crisis de seguridad, la rampante violencia feminicida y la fragilidad de las finanzas públicas.
Mucho nos convendría centrar nuestros esfuerzos en exigirle al gobierno que les devuelva la paz a estados como Chiapas, Guerrero y Guanajuato, cuyos ciudadanos viven aterrorizados por las bandas criminales a quienes la administración cuatroteísta abraza, mientras que los delincuentes hacen estallar a las fuerzas armadas.
Es apremiante hacer entrar en razón al Gobierno Lopezobradorista sobre las graves implicaciones que comporta la violencia de género como problema estructural, indispensable para contener la incidencia en delitos como feminicidio, abuso sexual y violencia familiar por citar tres de muchos ejemplos.
Urge asegurar la estabilidad fiscal, pues de acuerdo con un análisis del desempeño de las finanzas públicas de 2023 y lo previsto en el Paquete Económico 2024, el gasto de inversión no garantiza los derechos de los ciudadanos en el presente, según especialistas del IMCO, México Evalúa y México, ¿cómo vamos?
Y es que, aunque “la recaudación tributaria ha llegado a máximos históricos, no ha sido suficiente para compensar la reducción de los ingresos petroleros, lo que acarrea como consecuencia recortes discrecionales a sectores vitales como la salud pública, la educación y la seguridad”, al tiempo en que “no se ha podido limitar el endeudamiento creciente, el cual podría volverse insostenible en el mediano plazo”.
Así que dejémonos de chismes, que ni tirios ni troyanos tienen la más remota idea de cómo sacar del hoyo a México. Solo les importa el poder, controlar la chequera oficial y asegurar el futuro de su parentela y sus compinches. Gobiernos van, gobiernos vienen y las cosas empeoran día tras día. En plata, sea el PRI, el PAN o la 4T, nuestro país sigue cayendo estrepitosamente por el espiral de la degradación.
Foto: Infobae