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Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En Oaxaca en Villa Hidalgo Yalalag, una familia indígena fue desterrada por una determinación mayoritaria de su asamblea de usos y costumbres y despojada de sus bienes, -un terreno, su rancho y una vivienda-, por un conflicto de violentar sus normas comunitarias y no pagar una multa.
Por el caso, la Comisión Nacional y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), inició una recomendación que está siendo atendida por la Fiscalía General de Justicia (FGJO) y la Secretaria General de Gobierno para que se negocie el retorno de la familia víctima de desplazamiento.
Lenin Eslava Primo, padre de familia de 4 niñas de 15, 14, 11 y 7 años, todos son originarios de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, y su esposa Delia Carmela Huerta Pérez, acusan de abuso de autoridad a la autoridad municipal del ayuntamiento de Villa Hidalgo Yalalag y a su asamblea comunitaria; regida bajo el régimen de usos y costumbres, por la expulsión y el despojo de sus bienes, argumentando un desacato comunal.
Sin embargo, aclara, que su destierro solo fue para quitarles sus derechos como comuneros.
“La autoridad municipal y los caciques del pueblo derivado de un conflicto de colindancia por una propiedad del presidente de bienes comunales, Emiliano Aquino Álvarez, que comenzó por invadir 50 metros de mis terrenos, sin razón alguna, ordenó encerrarme el pasado 9 de junio, junto con mi esposa mis hijos y como me inconforme y denuncie el despojo ante la autoridad judicial, determinaron por quitarme mis derechos como comunero y me expulsaron del pueblo junto con toda mi familia”, narró.
Lamentó que en Yalalag no haya justicia, ni ley, porque el presidente de bienes comunales quien le despojó de sus bienes tiene relación de amistad con el Alcalde de la comunidad, Abel Cristóbal Madrid y el Síndico Lorenzo Ríos Montalvo.
La víctima alega que cuando estuvo encarcelado la autoridad municipal le fijó una multa excesiva que argumenta no pudo pagar, y por ello la autoridad municipal y agraria con aval de la asamblea, se cobraron quitándole sus bienes y propiedad, ordenando su destierro de la comunidad al ser declarados como ciudadanos no gratos.
La familia narra que ante el pueblo los dejaron como peleoneros, cuando en realidad son las propias autoridades quienes invaden y prácticamente quieren robarles el terreno, razón por la cual fueron expulsados de la comunidad con fuertes amenazas para no volver.
Ante el destierro precisa que sus hijas continúan en clases en línea, pero la mayor fue expulsada de primer año de bachillerato sin razón alguna, teniendo que inscribirse en una escuela en el poblado de Zimatlán de Álvarez, donde ahora están albergados, lugar en el que desde hace 4 meses vive la familia con ayuda de familiares que les tendieron la mano y sobreviven de la venta de productos agrícolas que llegan a cosechar.
