Desmantelada y sin presupuesto, Fiscalía Anticorrupción persigue a corruptos

Cd. de Oaxaca.- Aun cuando los continuos mensajes de los gobiernos federal y estatal apuntan hacia el combate a la corrupción como un medio esencial para asegurar la correcta administración de los fondos públicos, la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, única instancia a la que compete la investigación y persecución de los delitos por hechos de corrupción como parte del Sistema Estatal Anticorrupción en el Estado, enfrenta una condición de desmantelamiento administrativo y falta de recursos financieros que obstaculizan el desarrollo de sus tareas sustantivas.

En entrevista exclusiva para Estado Actual, el titular de la Institución, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, detalló que de junio de 2017 a junio de 2020 el total de servidores públicos que colaboran para la Fiscalía pasó de 54 a 30, un descenso de 24 plazas laborales en el correr de 36 meses; que a ese debilitamiento organizacional se agrega otro imponderable, que dichos servidores públicos no cuentan con una adscripción oficial.

Detalló que, el organigrama de la dependencia se ha visto mermado en dos áreas estratégicas, la Visitaduría General y la Dirección de Servicio Civil de Carrera, cuando que en 2017 contaba con tres oficinas subordinadas, de las cuales solo prevalece la Fiscalía de Responsabilidades; no obstante que, por mandato de ley debiera estar compuesta por una Secretaría Ejecutiva, una Dirección de Análisis Financiero y Auditoría Forense, Dos Direcciones de Investigación y Procesos, una Coordinación de Atención y Denuncias, y una Unidad Administrativa.

Sobre el trabajo realizado, el entrevistado hizo hincapié que durante 2017 la Fiscalía recibió a trámite 1 mil 620 investigaciones para un total de 15 agentes del Ministerio Público y 3 agentes de investigación, en tanto que, a junio de 2020 se tenían  radicadas 2 mil 381 para diez ministerios públicos y 2 agentes investigadores; lo que representó aumentar la carga de investigaciones en 147 por ciento, pero reduciendo al personal sustantivo de investigación y persecución de los delitos en un 35 por ciento. Inclusive del total de personal, tanto sustantivo como administrativo este disminuyó en un 45 por ciento.

“Si bien se ha mantenido la columna vertebral del discurso y del mensaje, no necesariamente se ha aterrizado lo que verdaderamente materializaría un combate eficaz y eficiente a la corrupción”, reprochó el funcionario, debido a la falta de armonización legislativa que garantice la autonomía de la fiscalía como lo disponen instrumentos internacionales para las áreas que llevan a cabo la investigación de la materia en el ámbito penal.

“Para mi es un tema un tanto contradictorio que al fiscal Anticorrupción lo nombre el congreso y él no pueda nombrar y remover de manera unilateral a su equipo… a partir de una evaluación objetiva del trabajo”, acotó Iruegas Álvarez.

Aseguró que, en estos tres años se ha generado por parte de la Fiscalía General a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, un proceso de desmantelamiento sistemático debido a la continua reducción de personal.

“La problemática es importante no solo porque el concepto de combate a la corrupción cobra un punto medular en el discurso diario, sino porque justamente uno de los temas que podrían decantar en un mejor desarrollo, en una mejor educación, en mejor salud, es que existan instancias que eviten la impunidad, que se castigue a quien desvíe los recursos, para que justamente esos recursos vayan a las áreas para las cuales se proyectaron”, abundó el funcionario.

Añadió que, la falta de asignación presupuestal para la Fiscalía a su cargo “ha generado que los tiempos para llevar a cabo las investigaciones o llevar esas investigaciones ante un juez se retrase”, por lo que ha puesto especial énfasis en cumplir con los plazos legales para evitar que se actualice la figura de la prescripción.

“Por la parte legal no hay problema, pero estamos de acuerdo que como ciudadanos no podemos esperar a que un desvío de recursos tarde años en investigarse”, confesó.

No obstante que la Fiscalía Anticorrupción, cuenta con autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión desde septiembre de 2018, ésta no fue presupuestada durante los ejercicios 2019 y 2020.

En comparación con las demás instancias integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, como el Consejo de la Judicatura del Estado al cual le asignaron 741.3 millones de pesos, que fue quien más recibió en 2020, y el que menos, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción con 16.9, la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca, a cargo de Iruegas Álvarez, no tiene presupuesto destinado y tampoco está considerada en el presupuesto de la Fiscalía General.

El que la institución encargada de perseguir la corrupción en Oaxaca no haya sido presupuestada en el cierre de 2018 y en los ejercicios subsecuentes, deriva, de acuerdo con información oficial, de las omisiones y negligencias del Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez, y de su Oficial Mayor, Severino Rojas Lázaro, el primero por no cumplir con la publicación oportuna del reglamento respectivo de la Fiscalía Anticorrupción y el segundo por no atender lo dispuesto en el artículo segundo transitorio del Acuerdo FGEO/018/2019, publicado el 17 de enero del año 2020 en el Extra del Periódico Oficial del Estado.

En ese contexto, Iruegas Álvarez urgió a las instancias responsables de la asignación presupuestal en la entidad, para que vean a la Fiscalía como un órgano autofinanciable, porque a cambio de una inversión como la que está solicitando, por alrededor de 36 millones de pesos anuales, pudiera ser susceptible de recuperarse una cantidad significativa de recursos.

“En un recuento que hicimos en torno a esas casi 3 mil investigaciones, superan los 3 mil millones de pesos lo denunciado, y si a través de la acción de extinción de dominio la Fiscalía tuviera la capacidad para solventar lo relativo, estaríamos hablando de miles de millones de pesos que se pueden regresar al erario para que se redireccionen a donde de origen estaban destinados”, puntualizó.

Expuso que tal vez se hubiese podido evitar que Oaxaca adquiriera más de 3 mil millones de pesos en deuda pública, refiriéndose al último empréstito aprobado por el Congreso, si se tuviesen al alcance los medios suficientes para ejercer la acción de extinción de dominio, que versa en establecer que la evolución patrimonial irregular de un servidor público fue obtenida de manera ilegal y a expensas de la hacienda pública, lo que requiere investigación y pruebas al respecto.

“Bueno, yo no sé si la anticorrupción hubiera evitado que se endeudara el estado por esa cantidad, pero al menos si por una cantidad mucho menor teniendo la capacidad de generar la extinción de dominio”, sentenció.