Oaxaca de Juárez, Oaxaca. – El Congreso local recibió este miércoles la iniciativa para expedir la Ley Estatal de Austeridad Republicana enviada por el gobernador Salomón Jara Cruz.
Con esta iniciativa se pretende garantizar a la población el uso correcto del recurso público y la adecuada administración pública estatal de manera eficiente, austera, sensible y responsable, para combatir la corrupción.
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Luis Alfonso Silva Romo, destacó que en Oaxaca se están llevando a cabo las acciones para la transformación del estado, impulsada a nivel nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador y con ello evitar un gobierno rico mientras la entidad sufre pobreza y marginación.
“Será una ley de austeridad de observancia en general, es decir, no únicamente para el Poder Ejecutivo, sino también para los Poderes Judicial y Legislativo, así como los órganos constitucionalmente autónomos deberán acatar estos principios de austeridad que son muy necesarios en nuestra realidad”, espetó Silva Romo.
La iniciativa presentada atiende lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, impulsado por el presidente López Obrador y el principal propósito es erradicar la corrupción, el despilfarro y la frivolidad, para que se aplique la honestidad y se logre la regeneración de la vida y el servicio público.
“En el gobierno de la transformación regularemos y estableceremos las medidas necesarias en materia de austeridad en el ejercicio del gasto público, principalmente para gasto corriente, para lo cual todos los servidores públicos deberemos sujetarnos a los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género”, declaró el gobernador Jara Cruz.
Explicó, además, que con esta ley se busca garantizar que el Gobierno de Oaxaca ahorre y libere recursos para beneficio de los más necesitados. “Por el bien de todos, primero los pobres”, reiteró.
La propuesta fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Administración Pública.