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En Oaxaca fueron citados a comparecer por mandato de un juez, el jefe de la policía municipal en Asunción Nochixtlán y 5 policías a su cargo por la desaparición forzada de la activista y defensora de Derechos Humanos, Claudia Uruchurtu, quien es de doble nacionalidad.
La víctima desapareció el pasado 26 de marzo en inmediaciones del municipio de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una protesta para exigir la libertad de un ciudadano, quien había sido encarcelado, derivado de un abuso de autoridad, la cual fue disuelta por la policía municipal.
En medio de agitación y mientras corría por las calles del poblado, para esconderse, Uruchurtu fue levantada -según testigos-, por desconocidos que la subieron por la fuerza a una camioneta de color rojo y se la llevaron con rumbo desconocido.
Sus hermanas Sara y Elizabeth Uruchurtu de nacionalidad británica han levantado la voz y han acudido desde el Comité Internacional por Desaparecidos de la ONU, hasta el parlamento de la Gran Bretaña y Amnistía Internacional (AI), para exigir al gobierno de México para aparición vida de su hermana.
El Fiscal General de Justicia Arturo Peimbert Calvo, informó que se ha intensificado la búsqueda de la víctima de manera expedita con perspectiva de género con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y las fuerzas de seguridad estatal.
Detalló que en un operativo terrestre y aéreo se revisaron y catearon varios inmuebles con apoyo de binomios caninos, pruebas periciales y la detección de algunos indicios biológicos relacionados con la mecánica que generó esta desaparición.
Adelantó que la institución a su cargo habrá de iniciar un modelo de investigación en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas, además que se integrarán elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y la misma Fiscalía, que encabezará este proceso.
Mientras tanto las hermanas de la víctima acusaron que el Estado mexicano no ha hecho lo suficiente para la localización de su consanguínea, a pesar de la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de diferentes instancias británicas, asimismo, consideraron que este hecho se trata de una desaparición forzada.
