La Auditoria Superior de la Federación (ASF) concluyó que en 2019, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) presentaron deficiencias en la implementación del Programa Nacional de Reconstrucción, orientado a la entrega de apoyos económicos destinados a la atención a la infraestructura física educativa afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018.
Esto aun cuando los responsables reportaron, en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019, la atención de 296 planteles educativos afectados, dicha cifra careció de confiabilidad, toda vez que las entidades fiscalizadas no acreditaron la información documental que lo sustentara.
En Oaxaca se reportaron 3 mil 64 planteles afectados por los sismos del 2017 y 2018 pero hasta septiembre del 2019 solo se reportaron atendidos mil 770 planteles, lo que representa el 57.8 por ciento.
El órgano fiscalizador añade que las deficiencias e inconsistencias de cifras durante los procesos de programación, ejecución y seguimiento de los proyectos no generaron certeza respecto del avance en la rehabilitación de la infraestructura física educativa afectada, así como del restablecimiento de los servicios educativos a los alumnos de esas escuelas, lo que ocasionó que, a dos años de los sismos ocurridos en el país, los derechos elementales de la población que sería apoyada continúan restringidos.
Precisa que en opinión de la ASF, el ejercicio de los recursos y la operación, en 2019, del Programa Nacional de Reconstrucción para la entrega de subsidios con el propósito de atender la infraestructura física educativa afectada por los sismos de 2017 y 2018 se realizó de manera deficiente, desarticulada y con el mínimo control y seguimiento de sus actividades, ya que, aun cuando se registró un incremento del 53.9 por ciento entre el presupuesto aprobado (800 millones de pesos para 736 subsidios) y ejercido (mil 230 millones 843 mil pesos para 296 subsidios), dicho aumentó no contribuyó a mejorar los resultados del programa, debido a que se apoyó un número menor de planteles educativos con una mayor erogación de recursos económicos.
Asimismo, se detectaron deficiencias en los procesos del programa, ya que en materia de programación, el Inifed no se coordinó con las entidades federativas para la definición de los planteles que serían susceptibles de ser apoyados y presentó inconsistencias respecto del número de solicitudes de los apoyos registrados (286), de las inspecciones físicas reportadas (641), así como de las Cédulas Básicas de Información de Valoración elaboradas (308); de los Proyectos Técnicos Presupuestados realizados (269), de los Convenios de Concertación suscritos (288) y de los contratos de adjudicación de las obras registrados (297) por lo que no fue posible determinar el universo de atención requerido.