Oaxaca de Juárez, Oaxaca. – De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGJO), la tarde del jueves fue asesinado el activista y defensor de derechos humanos Crispín Reyes Pablo.
En este sentido, el fiscal, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, precisó que la autoridad auxiliar del poblado Guadalupe Victoria, Artemio Aragón, y por otros organismos de derechos humanos, le notificaron del ataque ocurrido en inmediaciones de la zona conocida como “Cerro Pelón”, municipio de Ayutla Mixe.
Señaló que, hasta ese lugar se trasladaron elementos de la policía estatal y agentes estatales de investigación junto un ministerio público para realizar las indagatorias sobre el crimen.
Crispín Reyes Pablo, de 60 años, fue defensor de derechos humanos, agente municipal de su pueblo y representante de 128 familias desplazadas de sus comunidades por la violencia ejercida por parte de caciques regionales y autoridades municipales.
En Oaxaca, según el presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría de Pueblos Indígenas (Cedahpi), Maurilio Santiago Reyes, se han reportado 16 homicidios de personas defensoras entre 2018 y julio de 2022.
Por estos hechos, seguidores de la víctima y organismos de derechos humanos alistan una jornada de protestas para exigir justicia, para que las autoridades actúen y no haya impunidad para los responsables.
El caso de los desplazados
En el municipio de San Juan Juquila Mixe, unas 128 familias integradas por 527 personas fueron desplazadas en forma violenta de la comunidad de Guadalupe Victoria por presiones de grupos caciquiles.
En aquel momento, los afectos se refugiaron en el municipio de San Juan Juquila Mixes y durante varios años vivieron en el auditorio municipal de esa demarcación.
Al respecto, la defensora de derechos humanos Arlen Pimentel, denunció que con posterioridad estos 527 desplazados se establecieron en algunas casas de vecinos de la localidad, donde habitan en condiciones paupérrimas.
“Actualmente se encuentran viviendo en una pobreza extrema, careciendo de alimentos y de atención médica, violentándose sus derechos a la salud, educación, alimentación”, denunció.
Puntualizó que, el caso “ya se denunció ante autoridades estatales y federales, pero no han existido respuestas”.