Aprueban diputados federales la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de establecer la extinción de 13 fideicomisos y fondos que no están contemplados en dicho ordenamiento.

De acuerdo con el proyecto que adiciona un párrafo al artículo 224 de la ley, se establece que, en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos y fideicomisos adicionales.

El dictamen que se avaló en lo general con 259 votos a favor, 205 en contra y una abstención, señala que, la devolución de los recursos a la Tesorería de la Federación asegurará una gestión más centralizada y coordinada de los fondos públicos, lo que fortalecerá la capacidad del Estado.

Al fundamentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Erasmo González Robledo (Morena) comentó que se busca establecer directrices claras sobre la responsabilidad y el compromiso de los servidores públicos en la gestión de los recursos. Refirió que con estas modificaciones no se afectará la independencia judicial, sino que se optimizará la gestión de los recursos públicos.

Luego de rechazar las mociones suspensivas propuestas por el PAN, PRD y MC, las y los diputados hicieron uso de la tribuna para pronunciarse en torno al proyecto de decreto que reforma la ley del Poder Judicial.

El coordinador parlamentario de Morena, diputado Ignacio Mier Velazco, explicó que la reforma está apegada a la división de poderes y es respetuosa de los derechos de los trabajadores de dicha instancia. Acusó que en el país no hay justicia porque los “responsables del Poder Judicial no están del lado del pueblo, sino del poder y del dinero”.

En contraste, el diputado Oscar de Jesús Almaraz Smer(PAN) adelantó que su bancada votaría en contra del decreto debido a que contraviene el principio de progresividad y afecta de manera directa e indirecta los derechos laborales ysociales de todos los trabajadores del Poder Judicial, además de que pretende “asfixiar” a un contrapeso del Poder.

Asimismo, el diputado José Francisco Yunes Zorrilla (PRI) aseveró que el dictamen atenta contra los derechos y la seguridad social de los trabajadores del Poder Judicial, ya que los fideicomisos que se plantean eliminar les otorgan garantías de prestaciones laborales. “El Poder Judicial va a perder sus activos y va a perder sus recursos”, indicó.

En tanto, el legislador Luis Edgardo Palacios Díaz (PVEM)señaló que, en congruencia con la transformación de la vida pública, es necesario generar ahorros para la asignación eficaz y eficiente de los recursos en beneficio del acceso a la justicia para quienes menos tienen.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) refirió que la Suprema Corte de Justicia no rinde cuentas a nadie y utilizan los fideicomisos como una “trampa”. Señaló que la reforma no vulnera los derechos de los trabajadores, por lo que los invitó a que no se dejen “engañar ni manipular”.  Por MC, el diputado Salomón Chertorivski Woldernberg dijo que la desaparición de los fideicomisos afectaría a 55 mil trabajadores del Poder Judicial, pues contemplan sus aportaciones mensuales, colectas y donativos.

“Lo que están pretendiendo es una nacionalización de recursos privados, eso es un antecedente gravísimo”, alertó.  El diputado Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) indicó que con el dictamen que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial, se pretende que poco menos de 15 mil millones de pesos pasen a las “arcas del Poder Ejecutivo”, lo que vulnera los derechos laborales de miles de trabajadores que resultarían afectados por las malas decisiones del poder.

En la discusión en lo particular, se aceptó la reserva del diputado Ignacio Mier Velazco (Morena), la cual adiciona un artículo transitorio que establece que los recursos deberán ser concentrados en la Tesorería de la Federación y se destinarán por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a los programas del Plan Nacional de Desarrollo.

Finalmente, el dictamen se avaló en lo particular con 260 votos a favor y 196 en contra, por lo que se turnó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Y es que de acuerdo con el documento, de los 13 fondos y fideicomisos que no están contemplados en la Ley Orgánica, cinco pertenecen al Consejo de la Judicatura Federal, seis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales ascienden a 21 mil 538 millones de pesos.