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Oaxaca de Juárez, Oaxaca. – En la zona de la Mixteca, en el municipio indígena de Santa Catarina Yosonotú, la asamblea comunitaria de usos y costumbres ordenó el encierro de dos borregos, por ingresar a unos terrenos de cultivo a pastar.
Los animales fueron incautados por la autoridad municipal, que los trasladó a la cárcel municipal, donde se le fincó una multa a su propietario, quien tendrá que reparar los daños y mantener a los bovinos amarrados en un corral.
Según la queja los borregos quedaron encerrados por haber comido pasto sembrado en la parcela del albergue Ignacio Zaragoza situado en esta localidad.
La dueña de los ovinos señaló que el Síndico Municipal los encarceló y no han podido darles agua y comida, por lo que decidieron denunciar ante el miedo de que los borregos mueran en la cárcel por falta de alimento.
Además, dijo que fueron intimidadas, toda vez que, si exhibían la situación, la autoridad municipal tomaría represalias en contra de su familia.
La dueña y sus hijos menores de edad pidieron apoyo, para que se sensibilicen a las autoridades de Yosonotú porque no tienen dinero para pagar la multa.
Denuncia por maltrato animal
El Fiscal General de Justicia, Arturo Peimbert Calvo inició la carpeta de investigación 1664444/FMIX/ CODI-Tlaxiaco/2022, por el delito de crueldad animal contra la autoridad municipal de Santa Catarina Yosonotú, por haber ordenado el encierro de dos borregos en la cárcel municipal.
Abusos de usos y costumbres
En Oaxaca, los usos y costumbres son un sinónimo de las peores injusticias y violaciones a los derechos humanos, donde se han registrado desde linchamientos, encarcelamientos de civiles y animales, despojos de tierras y hasta destierros por profesar una religión distinta a la católica.
Oaxaca es el único estado en el país que tiene 418 municipios que se rigen bajo el sistema de normas comunitarias o usos y costumbres.
Tan solo en los últimos tres años la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) tienen documentados, 412 encarcelamientos, 107 despojos de tierras, 106 casos de abuso de autoridad, además de 47 destierros.
Los casos por encarcelamiento se han registrado en los municipios de Santiago Atitlán, donde 24 familias fueron desterradas por profesar una religión distinta a la católica,
En San Andrés Yaa, municipio perteneciente a la región de la Sierra, la asamblea comunitaria acordó que el pastor Imeldo Amaya Gabriel debía abandonar la comunidad “al demostrar poca disposición de integrarse y cumplir los acuerdos y servicios que se toman en forma comunitaria”.
En San José Quianitas, perteneciente al municipio de Santa María Quiegolani, donde dos familias enteras fueron expulsadas de la comunidad por declararse testigos de Jehová, previamente les fueron suspendidos los servicios básicos, como el agua para obligarlos a dejar sus hogares.
En Santiago Xanica un hombre fue torturado y encarcelado por ser sorprendido robando un domicilio, en San Antonio Huitepec, una mujer sus hijos, su padre y un adulto mayor fueron encarcelados y despojados de un terreno por no cumplir con el tequio comunitario. En San Juan Mazatlán, una mujer y su hijo de 8 años fueron encarcelados y multados por evitar que el padre del menor fuera detenido por no cumplir con sus obligaciones comunitarias. También en San Miguel Suchixtepec, una mujer y tres menores de edad fueron privados de su libertad por determinaciones de su asamblea, que los declaró no gratos por negarse a pagar el diezmo para la celebración de la fiesta patronal.
En San Andrés Zochiquilaza 12 personas fueron despojados de sus tierras por una disputa de bienes, en San Sebastián Rio Dulce, un burro fue encerrado sin agua y comida, como parte de una multa a sus propietarios por cortar leña en un lugar indebido.
En San Agustín de las Juntas, fueron encerrados y torturados tres sujetos por beber cervezas en la vía pública.
Asimismo, en la comunidad de Camelia Roja, Tuxtepec, dos sujetos que violentaron un filtro y retén sanitario para evitar la propagación del virus del covid-19 fueron detenidos y amarrados.
Según la queja los implicados trataban de cruzar por el cerco con su vehículo en estado de ebriedad y para forzar su avance insultaron y agredieron a los ciudadanos que resguardan el sitio
El presidente de la DDHPO, Bernardo Rodríguez, precisó que por casos de detenciones arbitrarias en Oaxaca se tienen documentados más de 280 recomendaciones.
“De las mil 400 quejas en contra de autoridades municipales, una quinta parte tienen que ver con abusos de autoridad”, dijo.
