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Ciudad de México. – La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó el no ejerció de la acción penal decretado por la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, quien era investigado como probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la autoridad ministerial, será un juez federal el que defina si debe o no cerrarse el caso.
Entre tanto, la carpeta de investigación continuará abierta dada la impugnación interpuesta por la UIF, dependencia que fungió como denúnciate.
La UIF informó que presentó una nueva denuncia el pasado 22 de junio en contra de seis personas, dos físicas y cuatro morales.
La Unidad encontró que Vargas, un familiar y personas físicas y morales “operan instrumentos financieros y corporativos, donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar, mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria”.
La dependencia apuntó que se describieron transferencias con destino al extranjero y constitución de personas morales cuya finalidad no esta justificada, al haber funcionado únicamente como receptoras de recursos provenientes de empresas fachada, para posteriormente quedar sin funcionalidad.
En este contexto, Vargas afirmó a través de un comunicado difundido en redes sociales que, tras varios meses de investigación, la FGR concluyó que las imputaciones en su contra “no corresponden a la realidad y resolvió decretar el No Ejercicio de la Acción Penal”.
A la opinión pública y medios de comunicación, les comparto esta carta sobre lo publicado el día de hoy, en diversos medios informativos, en relación con mi persona y mi patrimonio. pic.twitter.com/VBIy7oICvl
— José Luis Vargas Valdez (@JL_VargasV) July 19, 2021
“Esto significa que la autoridad ministerial investigó los hechos que se denunciaron y determinó que no existe delito que perseguir, además concluyó un vez que cotejó la información que puntualmente aporté, que no hay ningún tipo de inconsistencia en mi patrimonio.
“Con lo anterior quedó demostrado que mi patrimonio tiene un origen lícito y son congruentes mis percepciones con mis erogaciones”, aseveró.
Sobre la determinación asumida por la UIF, el magistrado federal abundó que independientemente de si la Unidad tiene facultad para recurrir la resolución de la FGR, “el No Ejercicio de la Acción Penal está debidamente sustentado en pruebas fehacientes”.
Adelantó que se mantendrá “a la espera de litigar estos asunto ante las instancias oficiales correspondientes”.
El 17 de diciembre de 2020, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal, José Luis Vargas, compareció ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, para aclarar el origen lícito y legítimo de su patrimonio.
En aquel momento, el magistrado Vargas Valdez expresó su “deseo de colaborar con la autoridad para esclarecer los hechos” y recalcó que estaba a la entera disposición del Ministerio Público.
El 10 de noviembre del 2020, el diario Reforma reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó una denuncia contra el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el rotativo, Vargas gastó 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente en seis años. La diferencia con su ingreso habría sido de 19 millones 743 mil pesos.
