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La extensión de la presidencia del Ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal hasta noviembre de 2024, ya aprobada por el Senado, contradice el artículo 97 de la Constitución, que establece:
“Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.
Zaldívar fue electo Presidente en enero de 2019, por lo que su relevo debería ser nombrado en enero de 2023.
De concretarse en Cámara de Diputados este cambio, Zaldívar seria presidente de la Corte y del CJF hasta el día de su retiro como Ministro, que está agendado, precisamente, para el 30 de noviembre de 2024, y cubriría con ello el resto del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que termina el 30 de septiembre de ese año.
Fuentes de la Corte calificaron la acción como “absurda”, “inconstitucional” y de “abierto sometimiento” a López Obrador, pero ministros consultados declinaron opinar públicamente, pues podrían tener que resolver sobre el caso en el futuro cercano.
Si la Oposición en el Congreso impugna la reforma ante la propia Corte, mediante acción de inconstitucionalidad, Zaldívar estaría impedido para participar en la discusión, pero se requerirá el voto de al menos ocho de los diez ministros restantes para lograr la invalidez.
Tres de esos diez ministros fueron nominados por López Obrador, que en noviembre también tendrá que postular al reemplazo de Fernando Franco.
La maniobra dejaría fuera de cualquier posibilidad de contender por la Presidencia de la Corte a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayan, que concluirán sus periodos en noviembre de 2027 –pues ya no les quedarían cuatro años en la Corte a partir de enero de 2025, cuando sería la nueva elección– y quienes no son vistos como afines al actual gobierno.
En el CJF, que administra y vigila a los más de 850 tribunales y juzgados federales, la situación seria aún más extrema, pues se estarían prolongado los nombramientos de los seis consejeros, originalmente por cinco años, para que duren siete años.
Con ello, cinco consejeros designados en 2019, ya durante la Presidencia de López Obrador, se mantendrían hasta 2026 en el puesto. Este grupo incluye a dos magistrados de Circuito afines a Zaldívar, a dos designados por la bancada de Morena en el Senado, y a uno más, Bernardo Bátiz, que fue nombrado por el propio Ejecutivo.
Jorge Cruz Ramos, único consejero anterior a Zaldívar, dejaría el cargo en noviembre de 2023, por lo que para 2024, todo el CJF respondería al actual Presidente.
La modificación del periodo fue incluida en un transitorio de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que no estaba en la iniciativa que envió el Ejecutivo, ni en el dictamen publicado este jueves en la Gaceta del Senado.
“Ese transitorio debió ser incluido en la reforma Constitucional, pero que Morena y sus aliados no lo propusieron porque sabían que no tendrían las dos terceras partes de los votos necesarias para aprobarlo”, dijo una fuente de la Corte.
