Oaxaca de Juárez, Oaxaca. — Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ingresaron por primera vez —después de 6 años— al poblado de San Juan Juquila Mixes para dictar medidas cautelares a favor de unas 128 familias desplazadas por un conflicto político, social y agrario.
El ingreso tuvo lugar tras el asesinato del defensor de derechos comunitarios Crispín Reyes Pablo, y que se localizaran los restos de un hombre y una mujer de avanzada edad, quienes fueron ejecutados al interior de su vivienda que se presume fue saqueada.
La misión encabezada por miembros de la SEGOB —del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos— de la CNDH y de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO) avanzó desde la Ciudad de México hasta la zona mixe para reunirse en una asamblea comunitaria con las 527 personas que desde hace 6 años sobreviven en condiciones precarias en la cabecera municipal.
Después de 12 horas de viaje, los funcionarios comenzaron a levantar testimonios de los hechos reportados en la zona, donde se adelantó que se integrarán carpetas de investigaciones por los crímenes, saqueos y desapariciones de una decena de personas reportadas en los últimos años.
La CNDH y la SEGOB anunciaron que se dictarán medidas de protección para los deudos del defensor comunitario y ex autoridad municipal, Crispín Reyes Pablo, que fue ultimado en su parcela en un aparente acto de venganza por su labor a favor de los desplazados.
Su hija, Francisca Reyes, demandó que el crimen de su padre no quede impune, y urgió a que pronto se logre la captura de los responsables para que sean castigados con todo el peso de la ley.
En el encuentro, celebrado en el auditorio municipal del Ayuntamiento de San Juan Juquila Mixe, mujeres y niños, junto con sus padres y abuelos, portaron pancartas de color naranja con la exigencia de justicia para lograr prontamente el regreso seguro a su pueblo natal.
Además, demandaron la protección del Estado mexicano ante la ola de violencia, porque, acusaron, han recibido amenazas de muerte por parte de habitantes de la comunidad de San Pedro Ocotepec y de sus autoridades municipales.
En la plenaria, el presidente municipal de San Juan Juquila Mixe, Juan Nolasco Guzmán, advirtió que los crímenes que se han perpetrado no pueden continuar, al tiempo en que exigió un cese de estos, porque hay riesgo de una matanza mayor.
Dijo que hay responsables de los hechos delictivos registrados en los últimos dias y meses, y según sus aseveraciones uno de los implicados en la problemática es el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.
“Lo que les pido es que esto se haga realidad. Tenemos a un funcionario de la Secretaría de Gobernación y queremos que esto se convierta en realidad, lo que dice esta leyenda: ¡fuera Adelfo Regino!
“Yo creo que eso sí está en sus manos, porque vuelvo a repetir, yo ya me paré en la Cámara de Diputados, y ahí exigí la salida de este amigo; y yo también quiero correr el riesgo ¿por qué es un funcionario de alto nivel no debemos hablar mal de él? Pero miren lo que está haciendo, ustedes lo están presenciando”, reprochó el munícipe.
Se dijo extrañado sobre el por qué “no se resuelve este asunto”, por qué tuvo que haber derramamiento de sangre, “Juquila, el municipio ya se cansó, estamos cansados, el día en que mis comuneros me rebasen ¿a quién vamos a hacer responsable de la matanza que vaya a haber?”.
El alcalde afirmó que hay temor entre la población, porque saben que hay grupos de gente armada que merodea el municipio y por ello exigió castigo para los responsables de los asesinatos, advirtiendo que ya están identificados, señalando tanto a comuneros como a las actuales autoridades de Ocotepec.
“Porque esas autoridades fueron amenazar, y los abuelitos contestaron: de aquí salgo yo muerto, porque estas tierras son de San Juan Juquila Mixe”, acusó.
De acuerdo con la autoridad municipal, además de intimidaciones y disparos al aire, también se han reportado saqueos en viviendas y robo de ganado, y de estos hechos afirmaron que también hay señalamientos directos, por lo que demandaron que la Fiscalía General integre la carpeta de investigación.
“Yo les pido que resguarden la población. Porque al ratito fueron ellos, al ratito pueden ser otros campesinos, al ratito puede ser un juquileño, si matan a un juquileño de veras, no sé qué haría mi pueblo; así se los digo y antes de que suceda eso, está en sus manos solicitar que baje la Guardia Nacional (GN) o la Policía Estatal para resguardar a la población, no solo a los desplazados”, sentenció.