- Líderes yoremes denuncian imposiciones y manipulación del Plan de Justicia Yaqui bajo coordinación de Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente de la SCJN. También acusan omisiones ante violencia del crimen organizado en su territorio.
CIUDAD DE MÉXICO (EA) — Representantes de la Nación Yaqui expresaron su rechazo a la designación de Hugo Aguilar Ortiz como próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), prevista para septiembre, al acusarlo de avalar prácticas discriminatorias, consultas manipuladas y omisiones frente a la violencia del crimen organizado en su territorio.
En entrevistas y documentos presentados ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los líderes yoremes señalaron a Aguilar Ortiz como uno de los principales operadores del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, impulsado por el gobierno federal desde 2021, cuando fungía como coordinador de Derechos Indígenas en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Según denuncias documentadas, el plan —que incluía restitución de tierras, acceso a agua, vivienda y salud— fue ejecutado sin garantizar consultas libres e informadas a todas las autoridades tradicionales yaquis. “El INPI controló las decisiones y excluyó a líderes legítimos”, sostuvo Fernando Jiménez, defensor yaqui, en entrevista para el la revista Proceso.
Una queja presentada en 2021 ante la CNDH por César Cota Tórtola acusa a Aguilar Ortiz, a Adelfo Regino (titular del INPI) y a otros funcionarios de incitar divisiones internas, manipular actas y condicionar apoyos públicos a cambios en la estructura de gobierno tradicional. La queja también señala una presunta cooptación de líderes comunitarios mediante recursos económicos y favores oficiales.
La situación se agravó, según los denunciantes, por la falta de atención a la presencia del crimen organizado en territorio yaqui. Otra queja, presentada en 2024, describe el reclutamiento forzado de menores, desapariciones y asesinatos de miembros de la comunidad. Según líderes yaquis, más de 50 personas han sido víctimas directas de la violencia criminal en la última década.
En una denuncia adicional, representantes yaquis relataron que en junio de 2023 intentaron acordar medidas de seguridad con autoridades estatales y federales, pero fueron bloqueados por funcionarios del INPI, bajo el argumento de que solo se reconocería como interlocutores a representantes designados dentro del marco del Plan de Justicia.
Los yaquis sostienen que esta intervención ha generado descomposición institucional dentro de la Nación Yaqui y debilitado sus formas tradicionales de gobierno. “Ya no hay asambleas generales, los secretarios impuestos deciden todo”, indicó Jiménez.
A esto se suman acusaciones de persecución política. En enero de 2022, varios líderes yoremes denunciaron amenazas y secuestros supuestamente ordenados por autoridades impuestas de Pótam, con apoyo de actores externos. Más recientemente, el 16 de mayo de 2025, un grupo armado irrumpió en una guardia tradicional, hiriendo a dos personas, entre ellas el líder César Cota Tórtola, quien hoy solicita medidas cautelares.
Cota responsabilizó directamente a Aguilar Ortiz de la situación actual. “Es uno de los causantes del deterioro en la Nación Yaqui”, declaró. También cuestionó la transparencia de su designación a la SCJN tras las elecciones del 1 de junio.
Hasta el momento, ni la SCJN ni el INPI han respondido públicamente a las acusaciones. Hugo Aguilar Ortiz asumirá la presidencia del máximo tribunal en septiembre, en medio de un contexto de tensiones con comunidades indígenas que cuestionan su legitimidad y trayectoria.
