Ciudad de México. – Un juez Federal vinculó a proceso Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República (PGR), por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.
Pese a los alegatos de la defensa, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, determinó la vinculación del ex procurado, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte.
Al producir su fallo, el funcionario judicial expuso sus argumentos con base en las alegaciones presentadas por el ministerio público y la defensa de Murillo Karam.
Cómo se recordará, el 19 de agosto la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión en contra el ex colaborador del gabinete priista de Enrique Peña Nieto.
Los elementos de la Policía Federal Ministerial fueron quienes cumplimentaron la orden de captura cuando Murillo Karam cuando este salió a su encuentro a las afueras de su domicilio ubicado en las Lomas de Chapultepec.
De acuerdo con la FGR, el exfuncionario enfrenta imputaciones por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
El juez solicitó a las autoridades del Reclusorio Norte que sean respetuosos de la dignidad y de los derechos humanos de Murillo Karam, luego de que pidieron un amparo ante las autoridades judiciales.
En enero de 2015, el exprocurador General de la República determinó la verdad histórica para explicar la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, la cual estaba basada en las declaraciones de presuntos integrantes del grupo criminal conocido como Guerreros Unidos.
En palabras de Murillo Karam los jóvenes fueron detenidos por policías municipales de Cocula para después ser entregados a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, presuntamente liderada por el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sindonio Casarrubias.
Contó que, tras ser sometidos, los normalistas fueron privados de la libertad, asesinados e incinerados en el basurero municipal de Cocula para posteriormente arrojar sus restos al Río San Juan, lugar donde posteriormente se extrajeron varias bolsas de basura con los supuestos restos de los jóvenes, ya sin poder identificar porque fueron quemados.
“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, declaró en su momento.
Con información de Forbes.