A dos años de la masacre en Huazantlán del Río donde fueron asesinados 15 indígenas, habitantes y familiares de las víctimas exigieron justicia en la sede de la Fiscalía General de Justicia (FGJO) y del Tribunal Superior de Justicia para exigir castigos a los responsables.
En la protesta, donde fueron colocadas cruces y se lanzaron consignas los manifestantes demandaron que se castigue a los responsables intelectuales de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Huazatlán del Rio por que los responsables asesinaron sin piedad a sus víctimas, las torturaron y quemaron vivos.
Advierten que han presentado denuncias, diversas ante diversas instancias de justicia, y organismos de derechos humanos pero hasta ahora están detenidas las órdenes de aprehensión contra los implicados, que gozan de impunidad.
Solo se ha logrado detener por parte de la Fiscalía General de Justicia a dos autores materiales dos integrantes del grupo paramilitar implicado en la masacre, pero falta que se detenga al ex presidente municipal de San Mateo del Mar
María del Rosario Guerra Salazar, una de las sobrevivientes, recrimino a las autoridades de justicia por no lograr detener a los implicados: “¿Qué espera el gobierno estatal y federal, ¡que nos maten a todos?”, “¿Hasta cuándo va a actuar la autoridad?”
María del Rosario ahora está desplazada de la comunidad huave vive en Salina Cruz junto con otras 60 personas más por un conflicto político que sigue vigente en su pueblo natal.
Señala que entre los desplazados hay familiares de las víctimas de la masacre, quienes además están amenazados por las autoridades municipales de Huazantlán, que “nos quieren asesinar, callar para no dejar ni un testigo de la masacre”.
El asesor jurídico del Comité de Víctimas de la Masacre del 21 de junio en Huazantlán del Río, Juan Carlos Pascual Diego, denuncia que están cansados de tocar puertas para lograr justicia, porque nadie se quiere hacer responsable del caso
“En noviembre pasado fuimos a la Secretaría de Gobernación, no nos atendieron, en nuestra desesperación fuimos a la Nunciatura Apostólica y ante la embajada de Estados Unidos. Sólo nos dieron una palmada. Fuimos al Congreso de la Unión y nos ignoraron, siempre con la justificación de la pandemia.
“Fuimos con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México: jamás obtuvimos respuesta. Hay un documento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tampoco hay gran avance, pese a que se trata de delitos de lesa humanidad por la cantidad de víctimas y la saña con la que fueron privadas de la vida.”
Pascual Diego refiere que esta omisión y acto de discriminación y desprecio a los indígenas. No les queda otra que seguir en las calles exigiendo justicia por sus muertos y espera que con el nuevo gobierno en Oaxaca, el del gobernador electo Salomón Jara regrese la justicia a nuestras comunidades.
