México desafía a fabricantes de armas en Suprema Corte

WASHINGTON, 4 de marzo de 2025 — El Gobierno de México presentó hoy argumentos ante la Suprema Corte de Estados Unidos en un caso histórico contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas, acusándolas de prácticas negligentes que fomentan el tráfico ilegal hacia su territorio y agravan la violencia. El máximo tribunal estadounidense determinará si estas compañías gozan de inmunidad bajo la ley de ese país.

La audiencia, un hito en la demanda iniciada en 2021 contra ocho firmas armamentistas, llega tras una victoria clave para México en enero de 2024, cuando la Corte de Apelaciones del Primer Circuito falló que las empresas no están protegidas por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) debido a su conducta irresponsable. México sostiene que las acciones de estas compañías facilitan el flujo de armas a cárteles y grupos criminales, causando miles de muertes y sufrimiento en su población.

Cate Stetson, abogada que encabezó los argumentos orales, afirmó ante los jueces que las empresas no pueden evadir responsabilidad por prácticas que violan leyes federales y estatales. Acompañada por Jonathan Lowy, Steve Shadowen, Pablo Arrocha de la Cancillería mexicana y Fadia Ibrahim de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Stetson subrayó que el caso no cuestiona la Segunda Enmienda ni el derecho de los estadounidenses a portar armas, sino que busca sancionar la negligencia comercial que daña a un país vecino.

La Suprema Corte escuchó el caso tras aceptar revisarlo, un proceso impulsado por la sólida estructuración del litigio mexicano desde su presentación en una corte federal de Boston. Se espera que emita su fallo a finales de junio, un veredicto que podría sentar precedente sobre la responsabilidad de la industria armamentista en el tráfico transfronterizo.

México argumentó que las empresas demandadas, entre las que figuran nombres prominentes del sector, han ignorado deliberadamente las consecuencias de sus prácticas, como la venta masiva a distribuidores vinculados al mercado negro. “No pedimos abolir derechos constitucionales de Estados Unidos, sino detener el daño que estas armas causan en nuestro país”, señaló Arrocha en una declaración posterior.

El caso ha ganado respaldo significativo. Nueve escritos de “amigo de la corte” fueron presentados por legisladores, académicos, activistas y organizaciones civiles de ambos países, apoyando la postura mexicana. La presidenta Claudia Sheinbaum ha destacado que el objetivo es prevenir la violencia armada y proteger a la población, un mensaje reiterado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien lidera esta estrategia legal.

La demanda no solo busca compensación económica, sino obligar a las empresas a reformar sus prácticas para reducir el flujo ilegal de armas. Expertos estiman que más de 200,000 armas cruzan anualmente la frontera hacia México, muchas de ellas vinculadas a crímenes violentos.

El litigio refleja una postura firme del Gobierno mexicano contra una industria que, según críticos, prioriza ganancias sobre seguridad pública. La resolución de la Suprema Corte podría redefinir los límites de la inmunidad otorgada por la PLCAA, aprobada en 2005 para proteger a los fabricantes de armas de demandas civiles, salvo en casos de negligencia grave.

Mientras el tribunal delibera, México confía en que su caso, respaldado por evidencia y apoyo internacional, marcará un avance en la lucha contra el tráfico ilícito y sus devastadores efectos.