Oaxaca de Juárez, Oaxaca. – En Oaxaca, a pesar de que hace cuatro años ya está despenalizado el aborto, aún no se puede practicar en la mayoría de hospitales y clínicas diseminadas en los 570 municipios, ya que no hay fondos para capacitar al personal médico y equipar las unidades clínicas, informó la Secretaría de Salud (SSO).
La titular de la dependencia Alma Lilia Velasco Hernández, aceptó que los fondos destinados por parte de la federación al programa de aborto institucional fueron cancelados adicional a que en este ejercicio fiscal la Federación le quitó a Oaxaca en el rubro de salud más de 2 mil millones de pesos.
“Es cierto que tenemos dificultades para aplicar el programa de aborto institucional, porque no hay los fondos suficientes para llevar a cabo, la última vez que se aplicaron recursos para este plan fue en 2022 cuando se apoyó con un millón de pesos, pero para este ejercicio del 2023 no se autorizaron recursos y ello ha causado que se tenga que pedir apoyo de asociaciones particulares y no gubernamentales para atender las necesidades”.
Aceptó que una vez que la Cámara de Diputados aprobó la despenalización y legalización del aborto, se comenzó a trabajar en el acondicionamiento de la infraestructura médica en 3 de las 6 jurisdicciones, donde se atiende de forma “despacio” las solicitudes de las mujeres en los hospitales de Pinotepa Nacional, en la zona de la costa, en San Pedro Tapanatepec, en la región del Istmo de Tehuantepec, y en Valles Centrales en el hospital Civil y en 3 unidades médicas de mediana atención pero se hace lo que se puede.
Precisó que, para atender un aborto, se debe a cubrir cierta normatividad y quien lo practiqué en el sector salud debe ser personal previamente capacitado.
Según la Secretaría de Salud Estatal, Oaxaca registra anualmente un promedio de 2 mil 300 abortos clandestinos, aunque se estima que por cada aborto registrado existen cuatro que no lo están, lo que equivale a una cifra aproximada de 9 mil 200 clandestinos.
La interrupción legal del embarazo en Oaxaca hasta las 12 semanas se convirtió en Ley en 2019, sin embargo, y sólo siete clínicas de los 570 municipios que tiene el estado lo practican, por lo que colectivos feministas demandaron de urgente la institucionalización que incluya insumos, presupuesto y un servicio digno a las mujeres para que ejerzan este derecho.
