Un informe del Centro Militar de Inteligencia (CMI), un área secreta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirma que en 2020, ya en este sexenio, el Ejército espió al defensor de derechos humanos Raymundo Ramos con el sistema Pegasus.
El secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, recibió la información derivada de ese espionaje, como consta en dicho informe elaborado en 2020 por su subalterno directo Homero Mendoza Ruiz, entonces director del Estado Mayor de la Defensa, y el subjefe de Inteligencia, Conrado Bruno Pérez.
La Sedena utilizó la información obtenida con el espionaje para influir en la investigación que la Policía Ministerial Militar realizaba sobre la ejecución extrajudicial de tres jóvenes, presuntamente cometida por militares el 3 de julio de 2020 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Las estudiantes se quejaron de acciones de represión, por parte de la escuela que amenazó con expulsarlas.
Como réplica las estudiantes exhibieron a sus violentadores en redes sociales con el hashtag #8M, #Niunamás..
Así se advierte en el reporte de inteligencia número 2001-1661, localizado entre los millones de archivos de la Sedena que fueron hackeados por el grupo Guacamaya en octubre pasado.
Mientras, Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, confirmó que la infección del teléfono de Ramos con Pegasus ocurrió en agosto de 2020, periodo que coincide con las publicaciones del diario El Universal que revelaron el asesinato de los jóvenes, desmintiendo la versión oficial de la Sedena respecto de que lo ocurrido en Tamaulipas había sido un enfrentamiento que dejó “12 agresores reducidos”.
A esto se suma que, en diciembre de 2022, Ramos recibió una notificación de la empresa Apple sobre ataques a su teléfono con la siguiente alerta: “Apple cree que estás siendo objetivo de atacantes patrocinados por el Estado que intentan comprometer tu equipo remotamente a través de tu cuenta de Apple”.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha acompañado casos de violaciones a derechos humanos desde hace 20 años, sobre todo a raíz de la llamada “guerra contra el narco” emprendida por Felipe Calderón, cuando las Fuerzas Armadas comenzaron a hacer labores de seguridad pública que derivaron en el uso excesivo de la fuerza y ejecuciones. La más reciente situación ocurrió el 26 de febrero pasado, cuando siete jóvenes fueron atacados por militares y cinco de ellos murieron; Ramos también acompaña este caso.
El Ejército espía
El reporte del espionaje de 2020 fue elaborado por el Centro Militar de Inteligencia, una estructura secreta dentro del Ejército que —según documentos internos— obtiene información a través de “medios cerrados”, y tiene personal especializado e infraestructura tecnológica dedicada a “procesar y obtener información sensible sobre los temas que sean del interés del Alto Mando”, es decir, del secretario de la Defensa.
El CMI es, además, el “usuario final”, del servicio del “monitoreo remoto” contratado por la Sedena a la empresa Comercializadora Antsua, la única proveedora del software Pegasus en México, como se advierte en el oficio número SGE-3335 de la Sedena, donde se informa sobre las facturas de pago.
La información sobre el CMI y el reporte de inteligencia revelados en esta investigación, realizada por la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso, fueron obtenidos entre los millones de archivos de la Sedena hackeados por el grupo Guacamaya en octubre pasado.
El reporte de inteligencia tiene como asunto: “Informar las actividades de Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo A. C. para desprestigiar a las Fuerzas Armadas con fines de lucro y en beneficio del Cártel del Noreste”.
Aunque Ramos ha acompañado casos de víctimas de violaciones de derechos humanos y en ese momento asesoraba a las familias de los jóvenes asesinados en Nuevo Laredo en 2020, el Ejército intentaba criminalizarlo, pues en el reporte asentó que “Ramos Vázquez mantuvo una relación de amistad con Ana Isabel Treviño Morales, ‘La señora’, hermana de Miguel Ángel Treviño Morales, ‘Z-40’, y Óscar Omar Treviño Morales, ‘Z-42’”.
En tanto, en la sección de “información”, los mandos reportaron el contenido de seis conversaciones por aplicación de mensajería y llamadas telefónicas que Ramos tuvo con tres periodistas entre julio y agosto de 2020, y en las que hablaron sobre la ejecución extrajudicial ocurrida días antes en Nuevo Laredo.
El documento remata con el apartado “recomendación”, en la que sugiere que “este producto de inteligencia se proporcione con carácter de confidencial a la Policía Ministerial Militar para que sirva como elemento de juicio para su investigación, sin agregarse a la carpeta de investigación”, según se lee en reporte elaborado por el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Homero Mendoza Ruiz.
Se trata de la última pieza que confirma el espionaje en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador perpetrado por el Ejército en contra de un defensor de derechos humanos, pese a que la Sedena no tiene facultad legal alguna para hacerlo. Esto significaría una intervención ilegal de las comunicaciones, prevista como delito en el Código Penal Federal.
En octubre pasado, R3D, Artículo 19, SocialTic, Animal Político, Aristegui Noticias y Proceso revelaron que la Sedena compró el sistema para “monitoreo remoto” a la empresa Comercializadora Antsua, la única proveedora de Pegasus en México, en 2019.
También, que los teléfonos celulares del defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, el periodista y escritor Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político fueron infectados con el software Pegasus entre 2019 y 2021, como confirmó el análisis forense hecho por Citizen Lab. En los tres casos, las personas espiadas investigaban temas relacionados con violaciones a derechos humanos presuntamente cometidas por el Ejército.
Al conocer la información en octubre pasado, el presidente López Obrador negó que su gobierno espiara a civiles y, en cambio, aseguró que la Sedena realizaba actividades de inteligencia.
Los medios participantes en esta investigación enviaron cuestionarios a la Presidencia y a la Sedena sobre las nuevas pruebas que confirman el espionaje, pero no hubo respuesta.
El secretario de la Defensa lo avaló
El reporte de inteligencia fue elaborado por el CMI, de la Subjefatura de Inteligencia perteneciente al Estado Mayor de la Defensa y que se encuentra ubicado en el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México.
El documento tiene el título “Para atención de la Superioridad”, lo cual significa que está dirigido a Luis Cresensio Sandoval pues, en la estructura jerárquica de la institución, el Estado Mayor depende directamente de él.
El reporte, considerado como “secreto”, tiene la fecha de “agosto de 2020”, pero según los metadatos, el archivo fue creado el 2 de septiembre a las 6:55 de la tarde con el nombre “2 Sep. 2020-TJTA 2001-6861 Actividades Raymundo Ramos”.
Esa fecha coincide con la reunión que el secretario de la Defensa encabezó ese mismo día, a las 8:00 de la noche, con el entonces jefe del Estado Mayor de la Defensa, Homero Mendoza Ruiz; el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Miguel Carrasco Hernández, y el comandante de la Policía Militar, para tratar “el asunto: Nuevo Laredo, Tamaulipas”, según se asienta en la agenda del secretario encontrada en los archivos hackeados.
Minutos después, a las 8:47 del mismo 2 de septiembre, el reporte de inteligencia fue enviado entre dos cuentas de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor, entonces a cargo del mayor Conrado Bruno Pérez, ahora comandante de la 45 Región Militar en Nogales, Sonora.
El CMI es un área desconocida públicamente e, incluso, no está integrada en la estructura burocrática de la Sedena en sus reglamentos internos. Pero documentos encontrados en los archivos hackeados confirman que se encarga de “administrar y operar la infraestructura tecnológica del Sistema de Inteligencia Militar para obtener y procesar información sensible sobre los temas que sean de interés del Alto Mando”.
Su misión, según se informa en una presentación de PowerPoint de mayo de 2021, es “aportar productos de inteligencia que se generan de la información obtenida en medios cerrados”, a la Subjefatura de Inteligencia Militar del Estado Mayor de la Defensa, es decir, la información no proviene de fuentes abiertas, como estadísticas o datos en poder de instituciones públicas, sino de intervenciones de comunicaciones privadas.
Incluso, ubica como “amenazas” la “fuga de información” o que “se evidencie ante la opinión pública las actividades que se realizan en este Centro; e indiscreciones que pueda realizar el personal militar que participa en las operaciones”, como se asienta en el “Análisis FODA del CMI”, también obtenido en los correos hackeados.
Supuestamente, el Ejército hace inteligencia para combatir al crimen organizado, pero está confirmado que espió al defensor de derechos humanos, Raymundo Ramos, aun cuando la institución no tiene ningún marco legal para hacerlo, pues ni la Ley de Seguridad Nacional ni la Ley Orgánica de la Sedena le permiten intervenir comunicaciones de civiles; por eso es que, aun cuando la dependencia lo solicitara ante un juez, este no podría otorgarlo.
Incluso, no hay información oficial que confirmara un proceso legal para hacer tal seguimiento contra Ramos, pues la Sedena “no localizó” entre sus archivos ninguna solicitud de intervención de comunicaciones ante el Poder Judicial que hubiera realizado entre enero de 2018 y mayo de 2022, según respondió a la solicitud de información con folio 33002642001754.
De acuerdo con el más reciente análisis forense hecho por Citizen Lab, del 4 de marzo de 2023, el teléfono de Ramos fue infectado con Pegasus entre el 16 y 18 de agosto y el 18 y 19 de agosto de 2020, periodo en el que El Universal hizo pública la presunta ejecución de tres jóvenes en Nuevo Laredo.
Esto se suma al análisis hecho el año pasado, en el que había detectado la infección en tres fechas más: el 28 de agosto y el 2 y 3 de septiembre de 2020.
En ese periodo, el periódico publicó información sobre las autopsias de tres civiles y un video que desmintieron la versión oficial de la Sedena sobre el enfrentamiento en el que hubo “12 agresores reducidos”, según informó en el comunicado de prensa 017/8ZM/2020. En realidad, tres de los jóvenes asesinados habían sido secuestrados y sus familias estaban siendo apoyadas por Ramos en el proceso de denuncia ante la fiscalía estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En el apartado titulado como “información”, se da cuenta del resultado del espionaje, con la información sobre seis comunicaciones telefónicas de Ramos con tres periodistas, cuyos nombres se reservan debido a que solicitaron que no sean publicados.
“El 14 y 15 de julio, Ramos envió a una periodista una publicación de Twitter y un comunicado de prensa sobre la muerte de 3 civiles atribuida a militares, sin que la comunicadora le tomara importancia”, dice el documento.
“El 17 de agosto de 2020 envió a un periodista del periódico El Universal, un video sobre la agresión del 3 de julio de 2020, para su edición y posterior difusión, dejando pendiente la probable entrevista a Ramos Vázquez y publicación, para retomar otras 5 quejas que ha interpuesto en contra de las autoridades que no han sido atendidas y difundidas por los medios de comunicación”, dice el reporte de la Sedena.
En el siguiente punto, mencionan otra comunicación con una periodista del equipo de Denise Maerker de Televisa, del 18 de agosto de 2020, donde “reprochó la primicia al Universal y le pidió los testimonios de los familiares de las supuestas víctimas, indicando que dijeran que a su hijo lo habían secuestrado antes; Ramos Vázquez envió un video donde se aprecia la autopsia que se hace a los cuerpos de los sicarios reducidos” (sic).
Dicha comunicación ocurrió a través de una llamada telefónica, afirma Ramos, mientras que las restantes ocurrieron a través de aplicaciones de mensajería.
La Sedena también reportó el mensaje entre Ramos y la periodista de Televisa, en el que le envía “imágenes de la denuncia interpuesta por Raúl Tercero, por la supuesta muerte de su hijo Damián Genovés Tercero” (sic). Esta comunicación fue realizada mediante la aplicación de mensajería Telegram, que aún pudo ser rastreada en el equipo telefónico y que Raymundo Ramos mostró para esta investigación.
En el último punto, se expone que el 26 de agosto de 2020 Ramos envió a un periodista y colaborador del diario español El País las declaraciones del personal militar que participó en los hechos del 3 de julio.
Sedena compró Pegasus
La Sedena contrató el servicio de “monitoreo remoto” en 2019 a la empresa Comercializadora Antsua, única compañía con autorización para vender Pegasus en México, como lo advierte el oficio SGE-3335 del 18 de enero de 2020, en el que el Estado Mayor da cuenta del pago del contrato DN-10SAIT-1075/P/2019 del 12 de abril de 2019.
El oficio marcado como “secreto” está dirigido al secretario de la Defensa, por lo que el titular también fue informado de esta compra y, además, se advierte que el CMI es el “usuario final” del servicio, la misma área que —ahora se sabe— elaboró el reporte del espionaje contra Ramos.
El software Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group, solo es vendido a gobiernos para investigar delitos graves e incluso terrorismo debido al poder de dicho sistema, capaz de obtener toda la información de un teléfono celular como mensajes, archivos, llamadas telefónicas; incluso, el micrófono y la cámara pueden ser activados.
El sistema había sido adquirido en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto para intervenir los teléfonos de periodistas y defensores de derechos humanos, como quedó demostrado en las investigaciones periodísticas llamadas #GobiernoEspía.
La investigación expuso la red de empresas a las que la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Sedena compraron Pegasus durante el sexenio pasado. Se trata de Proyectos y Diseños VME, KBH Track y Air Cap.
Incluso, Aristegui Noticias reveló las facturas de pago realizadas a dichas empresas, entre las que se encuentra el comprobante de 1 millón 113 mil dólares de la Sedena a la empresas Proyectos y Diseños VME por el servicio de “monitoreo remoto”, en 2016, el mismo servicio establecido en el contrato de 2019, ya en el sexenio de López Obrador.
Mientras, en la investigación #EjércitoEspía, publicada en octubre pasado, se sumó otra prueba: la carta de directivos de NSO Group en la que informaron a la Sedena que a partir de enero de 2018 Air Cap dejaría de ser la empresa representante para la venta de Pegasus en México y en su lugar estaría Comercializadora Antsua.
A dicha empresa la Sedena le pagó al menos 140 millones de pesos en 2019, de acuerdo con información oficial sobre el pago a proveedores localizado entre los correos hackeados a la dependencia.
La ejecución extrajudicial
El presidente López Obrador ha repetido que en su gobierno no habría ejecuciones extrajudiciales —“ya no hay el mátenlos en caliente”—, en referencia a hechos ocurridos en el sexenio de Peña Nieto, como la matanza ocurrida en Tlatlaya, Estado de México, cometida por miembros del Ejército.
Sin embargo, el 3 de julio de 2020, durante un enfrentamiento en la colonia Fraccionamiento Los Fresnos, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ocurrió una ejecución extrajudicial contra tres civiles, luego del enfrentamiento entre militares y personas con ropa de camuflaje, presuntamente integrantes del crimen organizado.
En el enfrentamiento murieron 12 personas, pero tres de ellas en realidad eran víctimas de secuestros pues se encontraban atadas de pies y manos y vestían ropa casual.
El periódico El Universal publicó el 14 de julio de 2020 que dos jóvenes eran civiles que presentaban un disparo en el tórax accionado de arriba hacia abajo y el tercero recibió un disparo en el cráneo a uno o tres metros de distancia.
El 24 de agosto, el mismo medio publicó el video en el que se observa que los militares fueron agredidos a tiros y su respuesta, pero una vez que el fuego cesó, cuando se acercaron a una de las tres camionetas que los atacaron, un militar gritó “¡Está vivo, está vivo!”, mientras otro respondió “¡Mátalo, mátalo, a la verga!”.
Durante la investigación del caso por parte de la CNDH, uno de los militares que participaron en el hecho reconoció que gritó “mátenlos a la verga, pero fue por el momento y la adrenalina que todos teníamos ya que habíamos sido víctimas de una agresión y seguían reportando por radio que se regresaron un chingo de camionetas…”, y agregó que no se percató de personas vestidas de civil, ya que la visibilidad era escasa.
La intervención de la CNDH ocurrió luego de que familiares de las víctimas denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte del personal militar en una queja presentada ante el organismo el 9 de julio de 2020, proceso en el que estuvieron acompañados por el defensor Raymundo Ramos.
Por el caso, hubo nueve carpetas de investigación iniciadas por fiscalía estatal, FGR y Fiscalía Militar, además de un procedimiento administrativo de investigación iniciado por el OIC en la Sedena.
La Sedena tuvo acceso a la información de la carpeta de investigación iniciada en la delegación de la FGR en Nuevo Laredo, Tamaulipas, como consta en la tarjeta informativa número 14306 “Para atención de la Superioridad”, en la que informa el contenido de la declaración del tío de una de las víctimas, quien presentó un video almacenado en una memoria USB, para integrarlo a la investigación.
El reporte de la Sedena resumió así parte de la declaración del familiar de la víctima: “En el estacionamiento de la FGR se encontraba un vehículo de Sedena y como no tenía dinero para los trámites de la sepultura de su sobrino, se acercó a un soldado para solicitarle apoyo económico, quien le proporcionó un billete de $20 enrollado, en el cual en su interior contenía un dispositivo USB”.
El militar le habría dicho: “Este USB te va ayudar mucho. Te lo doy porque no estoy de acuerdo con lo que hicieron mis compañeros, solo vengo por 10 días de apoyo a esta ciudad, a nosotros nos cambian seguido”.
Por lo tanto, la ficha informativa realizada también por el CMI concluyó que “es muy probable que los familiares de las tres personas que vestían de civil y que presuntamente fallecieron en el evento, hayan proporcionado al periódico El Universal el video difundido, bajo el asesoramiento de Raymundo Vázquez Juárez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas”.
El 3 de julio de 2020, la Fiscalía Militar inició la carpeta de investigación 6, a partir de la denuncia interpuesta por uno de los elementos en contra de quien resultara responsable, la cual fue remitida al Sector Central de la Fiscalía Militar para su determinación.
De ahí que el reporte de espionaje contra Raymundo Ramos refiere que la información sea tomada en cuenta, pero sin integrarla en dicha carpeta de investigación.
En tanto, las investigaciones de la CNDH con base en la necropsia a las víctimas determinaron que “el disparo de arma de fuego ocurrió a una distancia mayor del rango comprendido entre 70 a 90 centímetros”, y que los jóvenes no accionaron ningún arma.
El 13 de diciembre de 2021, la CNDH emitió la Recomendación 90/2021 en contra de la Sedena, en la que concluye que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de personal castrense. Sin embargo, hasta el momento ningún militar ha sido sancionado por esos hechos.
Por Agencias.
