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Oaxaca de Juárez, Oaxaca . – Las fuerzas de seguridad estatal desplegaron un operativo en inmediaciones del municipio de Santa María Atzompa, en Oaxaca para lograr la detención del ex secretario administrativo del recién disuelto Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), contra quien un juez libró una orden de aprehensión por el delito de uso indebido del ejercicio público y delitos contra la administración de Justicia.
La detención por parte de agentes estatales de investigación ocurrió cuando el implicado identificado como Juan Edy S.G salió por la mañana de su domicilio y abordó su vehículo, fue en ese momento que le notificó del proceso judicial en su contra, siendo trasladado ante el juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ordenó su detención, quedando bajo prisión justificada recluido en el penal de San Francisco Tanivet, ya que le fue negado el derecho de la libertad caucional.
El Fiscal anticorrupción de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, Jorge Iruegas, precisó que el proceso instaurado contra el ex servidor público obedece a una denuncia que hizo un particular, que se quejó de ser sujeto de chantajes, cobros de sobornos y dilación de la justicia por parte del imputado.
La víctima refiere que en repetidas ocasiones acudió a la sede del Tribunal de Justicia Administrativa para demandar la agilización de su trámite, pero siempre le fue negado el derecho de audiencia, y cuando logró sostener un encuentro con el magistrado que tenía a su cargo su caso, este le negó una resolución apegada a la ley.
En el expediente se anexa las veces que el ex secretario administrativo del referido órgano jurisdiccional le buscó para avanzar en su proceso, pero a cambio de situaciones indecorosas.
El fiscal anticorrupción Jorge Iruegas advierte que en base a las pruebas presentadas en contra del imputado se configuran delitos contra la administración de justicia previstos en el Código Penal del Estado en su artículo 217 Bis B fracción VIII y sancionado en su antepenúltimo párrafo.
“Retardar maliciosamente la administración de justicia; a quien cometa los delitos previstos se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de treinta a mil cien días multa.
