En el marco de la conferencia semanal del Gobernador Salomón Jara Cruz, el Fiscal General del Estado de Oaxaca Bernardo Rodríguez Alamilla reiteró que continúa la búsqueda con vida de la abogada activista Sandra Domínguez Martínez y su esposo Alexander Hernández Hernández, en donde participan diferentes corporaciones de seguridad tanto del estado de Oaxaca como de Veracruz.
Dio a conocer que mediante geolocalización se ubicó la zona en donde se tuvo registro de la señal del teléfono móvil de la activista en la localidad de El Nigromante, Veracruz, aproximadamente a 20 minutos de distancia de Playa Vicente; lugar en el que fue localizada la camioneta propiedad de las personas no localizadas.
Rodríguez Alamilla informó que tras los operativos simultáneos que se realizan tanto en la Cuenca del Papaloapan como en la región de los Valles Centrales, se detuvo a Patricio Salvador Vicente, quien tenía en su poder el dispositivo celular de Sandra.
A pregunta expresa sobre las líneas de investigación que se siguen, el fiscal dijo que una de las líneas de investigación tiene que ver con las actividades de Sandra como activista defensora de derechos humanos, otra línea es por su actividad como abogada, y una más relacionada con la delincuencia organizada en donde presumiblemente podría estar involucrado su esposo Alexander Hernández Hernández, todas las líneas continúan abiertas.
En torno al ¿Por qué? No se hace uso del programa espía más avanzado del mundo denominado Pegasus, el funcionario dijo desconocer de la existencia del software y su funcionamiento.
El programa espía, conocido como Pegasus, se ha convertido desde entonces en sinónimo mundial del escalofriante alcance de la vigilancia estatal. Desde Europa hasta Medio Oriente, los gobiernos han usado esa herramienta para piratear miles de teléfonos móviles.
El fiscal de Oaxaca dijo además que hasta el momento no se aplica el protocolo Minnesota, debido a que se espera la localización con vida de la activista.
El Protocolo de Minnesota es un conjunto de principios y directrices que establece normas para la investigación de muertes potencialmente ilícitas o de sospechas de desaparición forzada. El objetivo del protocolo es proteger el derecho a la vida y promover la justicia y la rendición de cuentas.
El protocolo establece que el deber de investigar se activa cuando el Estado tiene conocimiento o debería haberlo tenido de una muerte potencialmente ilícita.