En México, el contexto de violencia estructural y la impunidad que permea han convertido la defensa de los derechos humanos en una actividad de alto riesgo, siendo aún más vulneradas las mujeres, no solo con amenazas por su labor, sino también violencia específica de género que incluye acoso, violencia sexual y feminicidios.
De acuerdo a datos de Front Line Defenders, en 2022, México fue uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos, especialmente las mujeres. Entre 2016 y 2022, al menos 45 defensoras de derechos humanos fueron asesinadas, muchas de ellas por su trabajo en temas de derechos indígenas, derechos de la mujer o en contra de proyectos extractivistas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que más del 90% de los crímenes cometidos contra activistas permanecen impunes. En el caso de las mujeres activistas, la impunidad se ve agravada por la falta de perspectiva de género en las investigaciones.
Según con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México reveló que el 61% de las defensoras han sido objeto de campañas de difamación y estigmatización, acusadas de “desestabilizar” o “dañar el orden público”. Estas campañas son realizadas tanto por actores gubernamentales como privados, lo que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres activistas.
Las defensoras de derechos humanos no solo enfrentan agresiones físicas o amenazas de muerte, sino también violencia sexual como una herramienta de represión. El 15% de las defensoras que han sido agredidas reportaron haber sido víctimas de violencia sexual o amenazas con connotaciones sexuales, de acuerdo con datos de Amnistía Internacional.
Aunque México ha implementado el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, este ha sido insuficiente para garantizar la seguridad de las activistas. En muchos casos, las medidas de protección llegan tarde o son ineficaces. Según un reporte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en 2021 solo el 5% de las solicitudes de protección hechas por activistas en riesgo fue atendido de manera adecuada.
Las mujeres activistas están expuestas a una doble amenaza: la violencia por su labor de defensa y la violencia de género. La falta de respuestas adecuadas por parte del gobierno y la impunidad generalizada continúan perpetuando un clima de peligro que afecta directamente a quienes luchan por los derechos humanos y por una sociedad más justa.