Por Lizbeth Hernández Bravo
La violencia contra las mujeres no siempre viene en forma de golpes, gritos o abusos sexuales. A veces, es más silenciosa pero igual de letal: ocurre cuando las instituciones encargadas de proteger a las víctimas las revictimizan, las ignoran o simplemente no actúan. Eso también es violencia. Se llama violencia institucional, y en México, es una herida abierta.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el 44.9% de las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia no acudieron a una institución por considerar que no les ayudarían o por miedo a que las culparan. No es paranoia: en múltiples casos, las mujeres que denuncian terminan enfrentándose a sistemas judiciales indiferentes, procesos burocráticos interminables, servidores públicos que minimizan su dolor o les exigen “probar” su sufrimiento.
Un informe de Amnistía Internacional México (2023) denuncia que en los casos de desaparición de mujeres, las autoridades aún mantienen la práctica de esperar 72 horas para comenzar la búsqueda, a pesar de que el Protocolo Alba y la Ley General en Materia de Desaparición establecen lo contrario. Esa espera puede ser fatal.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron 1,004 feminicidios en el país, y muchas de esas víctimas ya habían acudido previamente a alguna instancia a pedir ayuda. Solo el 25% de las mujeres asesinadas por violencia de género habían logrado obtener alguna medida de protección, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
La violencia obstétrica, otra forma de violencia institucional, también está normalizada. La ENDIREH 2021 reveló que una de cada tres mujeres mexicanas ha sido víctima de maltrato durante el embarazo, parto o posparto. Eso incluye gritos, procedimientos sin consentimiento y negación de anestesia. Y aunque ya se han presentado iniciativas para tipificarla claramente como delito, solo 10 estados del país la reconocen de forma específica en su legislación.
Este tipo de violencia es estructural. Se reproduce en ministerios públicos, hospitales, juzgados, oficinas de trabajo social y hasta en las escuelas. Y lo más alarmante: pocas veces es sancionada. La falta de perspectiva de género en la atención institucional no solo perpetúa la desigualdad, sino que puede costar vidas.
Combatir la violencia institucional no se limita a capacitar al personal (aunque es un paso urgente y necesario). Implica también transformar la cultura institucional, garantizar presupuestos para atención con enfoque de género, establecer mecanismos de rendición de cuentas y, sobre todo, escuchar a las mujeres.
Porque mientras una mujer tenga que temer no solo a su agresor, sino también al sistema que debería protegerla, ninguna estará verdaderamente a salvo.
