- La alcaldesa Karen Bass impuso restricciones nocturnas tras saqueos y disturbios; más de 300 migrantes han sido detenidos en redadas recientes en California.
LOS ÁNGELES (EA) — La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró el martes un estado de emergencia local y decretó un toque de queda en una zona del centro de la ciudad, tras varios días de protestas que se tornaron violentas y dejaron al menos 23 negocios saqueados.
La restricción estará vigente desde las 20:00 del martes hasta las 06:00 del miércoles en un área de aproximadamente 2.6 kilómetros cuadrados, donde se han concentrado las manifestaciones desde el 6 de junio. Bass justificó la medida como un intento de contener los actos de vandalismo y saqueo.
El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, indicó que “el comportamiento ilegal y peligroso” se ha intensificado desde el sábado, y calificó el toque de queda como una medida necesaria para proteger vidas y propiedad.
La orden excluye a residentes del área afectada, personas sin hogar, trabajadores de medios acreditados y personal de seguridad y emergencias, según detalló McDonnell.
Mientras tanto, organizaciones defensoras de migrantes reportaron un aumento en las detenciones durante redadas en el estado de California. La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) estimó que al menos 300 personas han sido arrestadas recientemente por autoridades federales, en el marco de operativos impulsados por el gobierno del presidente Donald Trump.
Según CHIRLA, la mayoría de los arrestados son trabajadores del área metropolitana de Los Ángeles. La información fue recabada por la Red de Respuesta Rápida, un colectivo de organizaciones que monitorea la actividad migratoria en comunidades latinas.
Durante una audiencia ante el Concejo de Los Ángeles, Angélica Salas, directora de CHIRLA, afirmó que las redadas representan “una escalada sin precedentes” en sus más de 30 años de trabajo con comunidades migrantes.
La Cancillería mexicana confirmó la deportación de al menos cuatro ciudadanos mexicanos detenidos en California en los últimos días. Dos de ellos tenían órdenes de deportación vigentes, mientras que los otros dos aceptaron su retorno voluntario. Otros 45 connacionales permanecen en distintos centros de detención, según datos del gobierno mexicano.
Abogados y activistas han denunciado que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha restringido el acceso de defensores legales a los detenidos, lo que podría comprometer su derecho al debido proceso.
Las protestas se han desarrollado en un contexto de creciente tensión entre comunidades migrantes y autoridades federales, en medio de operativos de control que han generado rechazo por parte de defensores de derechos humanos.
