- El presidente estadounidense ordena el despliegue de la Guardia Nacional en California sin aval del gobernador; más de 120 personas fueron detenidas en redadas y protestas en zonas latinas de Los Ángeles.
La tensión escaló a niveles inéditos en Los Ángeles luego de que el presidente Donald Trump ordenara el despliegue de más de 2.000 elementos de la Guardia Nacional sin autorización del gobernador de California, en medio de protestas contra redadas migratorias que terminaron con al menos 120 personas detenidas.
El operativo comenzó el viernes, cuando agentes federales vestidos con trajes de camuflaje irrumpieron en el distrito de la confección, en el centro de la ciudad, como parte de un operativo para detener a personas sin documentos migratorios. La redada desató el caos entre trabajadores y transeúntes. Manifestantes lanzaron huevos, las autoridades respondieron con gas pimienta y balas de goma. Fue el inicio de un fin de semana marcado por enfrentamientos, arrestos y una creciente presencia militar.
Las manifestaciones continuaron el sábado, extendiéndose a varias zonas del área metropolitana, como Paramount, una ciudad con mayoría de población latina y de clase trabajadora. Ahí se registraron los choques más violentos. Agentes utilizaron granadas de estruendo y gases lacrimógenos para dispersar a los asistentes, dejando decenas de arrestos.
El domingo amaneció en relativa calma, pero al mediodía las protestas resurgieron frente al centro de detención metropolitano, donde se encontraban algunos de los arrestados. Nuevamente, la respuesta fue con gases lacrimógenos y un cerco reforzado por elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional.
El despliegue federal no tiene antecedentes recientes. Según fuentes oficiales, 500 marines están en alerta por si se ordena su activación. Es la primera vez desde 1965 que tropas federales son movilizadas en California sin la autorización del gobierno estatal. Aquel antecedente, bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson, fue para proteger a manifestantes por los derechos civiles, no para reprimirlos.
La decisión de Trump desató una fuerte reacción política. El gobernador Gavin Newsom la calificó de “inconstitucional”y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, la tachó de “escalada peligrosa”. Ambos exigieron el retiro inmediato de las tropas y el respeto a las competencias estatales. El fiscal general de California, Rob Bonta, respaldó a las autoridades locales y aseguró que el estado “tiene la capacidad de mantener el orden sin militarización”.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes se mantienen en alerta ante el temor de que los operativos continúen durante la semana. Las imágenes de tropas en las calles, gases en barrios latinos y detenciones masivas han encendido la alarma sobre un nuevo ciclo de criminalización hacia la población migrante en Estados Unidos.
