Día de la Libertad de Expresión: el periodismo mexicano, entre la resistencia y la impunidad
Este Día de la Libertad de Expresión no se conmemora en México con celebraciones, sino con cifras alarmantes y una sensación persistente de peligro. Aunque los asesinatos de periodistas han disminuido ligeramente respecto a los años más letales, la violencia contra la prensa se mantiene como una constante que amenaza el ejercicio libre del periodismo.
En lo que va de 2025, al menos tres periodistas han sido asesinados. Uno de ellos fue Kristian Zavala, ultimado en el estado de Guanajuato, un territorio asolado por el crimen organizado y la corrupción. La organización Article 19 ha documentado que, durante la actual administración federal, que comenzó en diciembre de 2018, han sido asesinados 46 comunicadores y cuatro más continúan desaparecidos. La UNESCO, por su parte, confirmó siete asesinatos de periodistas en 2024 y advirtió que el 85 % de los crímenes permanece impune, una mejora marginal frente al 95 % de impunidad registrado anteriormente, pero que sigue reflejando un sistema de justicia inoperante.
Las agresiones no letales, por otro lado, siguen en aumento. Article 19 registró 3 408 ataques contra periodistas y medios entre finales de 2018 y marzo de 2024. Solo en la primera mitad de 2023 se contaron 272 agresiones, que incluyen amenazas, bloqueos de información, acoso digital y ataques físicos. Los datos muestran que, en promedio, cada 13 horas se agrede a un periodista en México. Preocupa especialmente que en 42 % de los casos estén involucrados funcionarios públicos, lo que sugiere que el Estado no solo es omiso, sino también agresor.
El Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, creado para prevenir estos ataques, también está en entredicho. En noviembre de 2023, contaba con 651 personas bajo protección. Sin embargo, al menos ocho periodistas han sido asesinados mientras estaban inscritos en este programa. Además, la admisión de nuevas solicitudes ha sido lenta: apenas una fue aceptada en 2020, mientras que en 2022 y hasta noviembre de 2023 se registraron solo 98 ingresos en total.
La impunidad es estructural. Desde 2010 hasta agosto de 2024 se abrieron 1 758 carpetas de investigación por agresiones contra la prensa, de las cuales solo 41 concluyeron en condenas. Es decir, menos del 3 % de los casos se resuelve. Durante la actual administración federal se han contabilizado 47 asesinatos de comunicadores, pero los responsables —cuando se identifican— rara vez enfrentan consecuencias. Organizaciones como Freedom House y Human Rights Watch han denunciado además los discursos estigmatizantes que desde el poder se emiten contra periodistas, lo que refuerza la hostilidad y normaliza la violencia.
A pesar de estos datos, el periodismo mexicano resiste. Reporteras y reporteros continúan cubriendo zonas de riesgo, temas incómodos y asuntos de interés público, a menudo sin garantías y con escasa protección. Pero el panorama es sombrío. La persistente impunidad, la fragilidad institucional y los discursos de odio desde las esferas oficiales consolidan un entorno tóxico para la libertad de expresión.
En este 7 de junio, más que celebrar, se exige: justicia para los periodistas asesinados, garantías reales para quienes aún ejercen su labor y una transformación de fondo en el papel del Estado frente a la prensa. La libertad de expresión en México no es un derecho garantizado; es una batalla diaria.
