La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer la existencia de infraestructura hidráulica ilegal dentro de una propiedad del exgobernador de Chihuahua, César Duarte. De acuerdo con el director del organismo, Efraín Morales López, en el rancho —de cientos de hectáreas— se localizaron cinco represas, una presa de mayor tamaño y un pozo clandestino, todos construidos sin autorización oficial.
Según Morales, esta red de captación de agua tenía fines exclusivamente particulares y almacenaba alrededor de 700 mil metros cúbicos del recurso, en un contexto donde miles de productores chihuahuenses enfrentan dificultades por la falta de agua para sembrar, y parte de la población vive con escasez del líquido.
“Levantó presas dentro de su propiedad para quedarse con el agua. Y no estamos hablando de cualquier cantidad: son 700 mil metros cúbicos que usaba a su favor”, señaló Morales durante una conferencia.
Además de no contar con los permisos requeridos, la infraestructura fue edificada sin títulos de concesión. Por esta razón, la Conagua procedió a clausurar las obras y comenzó a liberar parte del caudal capturado hacia el río, según informó el funcionario.
El caso, sin embargo, dio un giro legal inesperado: un juez federal concedió una suspensión provisional en menos de 24 horas para frenar la clausura de las obras. Morales cuestionó la rapidez con la que se resolvió el amparo e incluso relacionó a la jueza con decisiones polémicas anteriores, como la suspensión de la distribución de libros de texto gratuitos.
“Parece que hay una red de protección que viene desde el poder político y judicial, donde ciertos actores siguen obteniendo privilegios personales en detrimento del interés público”, comentó.
La Conagua aseguró que este tipo de construcciones sin permiso representan una falta grave a la ley y que presentará denuncias penales contra quien resulte responsable, incluyendo a funcionarios que hayan colaborado o encubierto los hechos.
Como parte de una revisión más amplia de las concesiones de agua en el país, el organismo ha llevado a cabo unas 2,000 verificaciones; en 250 casos se detectaron irregularidades suficientes para proceder a la clausura.
El caso de Duarte se suma a la lista de conflictos por el acaparamiento de agua en estados donde la crisis hídrica ya es un problema cotidiano para agricultores y comunidades.
